El
presente trabajo es un análisis de la noticia ¿Hasta cuándo? y de los
posteriores comentarios de lectores expresados junto a la edición digital del
Diario La Nación del día Viernes 20 de julio de 2012 (http://www.lanacion.com.ar/1491874-hasta-cuando);
en el marco de la cátedra de Filosofía
del Lenguaje de la Universidad Nacional del Sur.
1. Observaciones aisladas.
“El
Gobierno menosprecia la seguridad ciudadana” supone un juicio demasiado
concluyente como para estar al comienzo de un texto. Sólo alguien que forme
parte del gobierno podría conocer con certeza la veracidad de este enunciado. No
siendo este el caso, y para no suponer que el autor/la autora del texto faltó a
la máxima de cualidad (diciendo algo de lo que no estaba seguro/a) creo que
debe interpretarse como una hipótesis a demostrar en el resto de la nota. Aquí
asoma también la ambigüedad en el uso de la palabra “Gobierno”. En nuestro país el gobierno está
constituido por tres poderes y, dentro de cada uno de ellos, existen diferentes
niveles o jerarquías. Sin embargo, la mención en el último párrafo acerca de la
execración de jueces, fiscales, autoridades provinciales y locales por parte
del gobierno deja ver que el término representa solamente al Poder Ejecutivo
Nacional. Esta idea se confirma en la conclusión – a mi criterio inatinente –
de que “… la inseguridad ha de ser la herencia abominable que han de dejar dos
gobiernos seguidos de una misma familia”.
“Y no lo es menos [no es menos casual] la relación
imbricada entre el delito que produce muertos y heridos en ocasión de robo, con
el consumo de drogas por adolescentes y casi niños ajenos a experiencias
educativas y, sobre todo, al trabajo…” Parece una generalización apresurada que
exista tal relación, y el párrafo entraña riesgo de esconder una falacia de
causa falsa. Aún admitiendo la primer conexión delito que produce muertos/ consumo de drogas y sin que el texto
aclare el sentido de la misma – si se delinque para consumir, si se consume
para delinquir, si ambas cosas o si alguna otra – cabe preguntarse por qué
generalizar el delito y el consumo en los adolescentes y niños, y yendo más
lejos en los que son ajenos a experiencias educativas o laborales. Creo que si
quien escribe la nota quisiera justificar con datos estadísticos este párrafo
se vería en serias dificultades.
“Un sistema más irresponsable que perverso” pretende que
dicho sistema es ambas cosas.
“… que los delitos violentos sean de más fácil comisión
que antes y su prevención y desarticulación mucho más compleja y costosa” no
tiene sustento alguno en la editorial y parece muy difícil de comprobar aún
fuera de ella, contando con estadísticas y datos que aquí no se aportan.
A la afirmación de que “cabe sólo al Estado el ejercicio
monopólico de la fuerza” la sigue un resto de párrafo claramente irrelevante.
Se abre una nueva cuestión que nos pasea por hechos ocurridos hace treinta
años, diferentes a los de la actual discusión. No logro determinar si se
intenta captar adhesiones, desviar el eje temático, generar una polémica o
simplemente aumentar el volumen de palabras para cubrir las necesidades de la
publicación.
El siguiente párrafo: “Con una ligereza que espanta…”
contiene según creo la falacia más peligrosa del texto. Una nueva aparición del
tema “menores” y el estreno de la cuestión “inmigrantes”, implican que jóvenes
y extranjeros que delinquen ocupan un lugar central en lo que hace a
inseguridad. Al menos obligan al lector a hacer inferencias en ese sentido. Una
vez más, no se presentan datos que avalen semejante idea y – como la reflexión
se cierra en el mismo párrafo – se corre el riesgo de interpretar estos
elementos como una falsa causa del tema tratado.
Se exponen luego una serie de hechos fácilmente
comprobables, aunque de características dispares y que no necesariamente realizan
aportes a la hipótesis inicial. En medio
de ellos aparece una contradicción entre la pretendida novedad de algunos
delitos – que corresponderían a los dos últimos gobiernos – y hábitos de la
gente para contrarrestarlos a los que se califica de “inveterados”. Me inclino
a pensar que se trata sólo de un mal uso que se ha dado a un adjetivo elegante.
Más tarde se utilizan cuantificadores notoriamente vagos
en “La mayoría de los sospechosos
están libres y muchos de quienes
cometieron delitos lo han hecho durante salidas transitorias de la cárcel” - la
itálica es mía- y a continuación otra generalización apresurada; que haya
delitos que no se denuncian no invalida las estadísticas en general.
El párrafo final, cuyo análisis adelanté para tratar el
uso de la palabra “gobierno”, consta de una pregunta compleja y una oración
final cuyo acto ilocutivo no me resulta claro. “El relato sobre esta época ha
comenzado a escribirse” puede funcionar como expresión de deseo, propuesta,
amenaza, o ser simplemente un eslogan vacío de contenido pero con ciertas
pretensiones de belleza e importancia que permiten cerrar la nota con estilo.
La pregunta compleja, en tanto, esconde algo más grave; la injustificada
pretensión de que el tema seguridad es “el primero de los deberes públicos”.
2. Observaciones generales.
Analizadas
las particularidades, cabe preguntarse por el acto ilocutivo general del texto.
Al parecer se trata de un reclamo al Poder Ejecutivo Nacional en relación a la
toma de decisiones vinculadas al tema seguridad/inseguridad. Pero en ningún
momento se explicita cuáles son las acciones que se pretenden. Sí por la
negativa, ya que el último párrafo condena los ataques a las autoridades
“resueltas a velar por la seguridad individual y colectiva con la firmeza legal
necesaria”.
Pero
la complejidad del tema es evidente y cualquiera que reclame por una solución
debería prestar atención a muchos otros factores que no asoman en la nota: las
leyes y los legisladores, los jueces “garantistas”, las policías provinciales,
las cárceles y servicios penitenciarios que también son jurisdiccionales son
posibles ejemplos.
Entonces,
puede interpretarse otra posible intencionalidad en la editorial: el ataque a
la familia que llevó adelante los dos últimos gobiernos. Según esta lectura el
tópico elegido (la seguridad) se convierte en una excusa para denunciar algo
así como una ideología, ya que la multiplicidad de factores antes mencionada
restringe la posibilidad de acción directa del Poder Ejecutivo Nacional –
aunque por supuesto no lo exceptúa de responsabilidad en el tema.
Los
comentarios que siguen a la nota amplían el tema llevando el debate más allá de
lo que el propio artículo se interesa en proponer. Sin extenderme en un
análisis de cada uno pueden citarse ejemplos de contextualización de la
problemática particular en un panorama general,[i]
denuncia de la complejidad del asunto,[ii]
de la carencia de datos aportados,[iii]de
la responsabilidad de los diferentes actores[iv] e
incluso de la de los medios de comunicación[v]. Existen
algunos comentarios que llaman la atención sobre estas variables[vi] aún
dentro de los que apoyan la nota.
El
siguiente es un listado de los hechos comprobables que expone la nota:
·
Vecinos generan mapas del delito
·
Hay asesinatos a policías
·
Casas con balcones, rejas, sistemas de
seguridad y garitas
·
Prosperan las empresas de monitoreo
·
Hay “entraderas”, “salideras” y “hombres araña”
·
Se organizan asambleas vecinales y redes
por internet
·
Se convoca a marchas de protesta
·
Hubo 18 asesinatos en 36 días en la
Provincia de Buenos Aires
Desde mi punto de vista, no alcanzan individualmente ni en conjunto para
apuntalar la hipótesis de que el gobierno menosprecia la seguridad ciudadana.
Salva de más contradicciones la aclaración “es a la vez una sensación y una realidad”,
que anticipa dos ángulos diferentes de interpretación de cada hecho.
Concluyendo, la dificultad para encontrar en el
texto un mayor número de falacias se debe a la carencia de argumentación real.
La nota hace afirmaciones categóricas que no derivan de razonamientos,
convirtiéndose así en una colección de lugares comunes; una conversación
carente de rigor, aceptable en la peluquería o en la cola del banco, pero no en
una producción periodística. ¿Sobre qué
base puede sostenerse? De un lado, el que escribe conoce muy bien al público
cuyo asentimiento desea ganar. Del otro, la sobrevaloración histórica del medio
nos hace pensar que nuestra idea se legitima si aparece escrita en el diario.
Un doble engaño que no contribuye a mejorar el nivel de debate.
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